Lavado de activos en finca raíz: por qué el sector inmobiliario está en la mira
En septiembre de 2026, en un operativo con participación del CTI de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles en Bogotá y Cundinamarca, entre ellos locales comerciales y predios rurales, avaluados en más de $379.000 millones. Según lo informado por Asuntos Legales, los inmuebles son objeto de sospechas de haber sido adquiridos con recursos provenientes de actividades asociadas con lavado de activos, mientras el proceso penal continúa.
Un inmueble puede cambiar de manos por cientos de millones de pesos en una sola operación. Esa característica, que hace atractivo al sector para invertir, también lo hace atractivo para quienes buscan dar apariencia legal a dinero ilícito.
Por eso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó al sector inmobiliario dentro de sus estándares internacionales, y en Colombia los agentes inmobiliarios y el sector de la construcción están entre los que pueden estar obligados a implementar un sistema de prevención de lavado de activos.
En este artículo te explicamos por qué el sector es vulnerable, cuáles son las señales de alerta más comunes y cómo dejar evidencia de que verificaste antes de cerrar un negocio.
Por qué el sector inmobiliario es vulnerable
Según un análisis de Infolaft basado en los riesgos identificados por el GAFI y la UIAF, el sector mueve una gran cantidad de recursos, lo que puede facilitar la entrada de fondos ilícitos. De acuerdo con la UIAF, sin medidas de protección adecuadas, la actividad puede ser vulnerable al lavado de activos y a la financiación del terrorismo.
Entre los riesgos que señala ese análisis están:
- Operaciones únicas de alto valor.
- Precios de venta por encima o por debajo del valor real.
- Dificultad para conocer al cliente y a los beneficiarios finales.
- Participación de personas expuestas políticamente (PEP).
- Compras transfronterizas, sobre todo desde jurisdicciones de alto riesgo.
En Colombia, según la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, las empresas de ciertos sectores, entre ellos los agentes inmobiliarios y la construcción de edificios, deben implementar el SAGRILAFT cuando cumplen los umbrales de ingresos o activos que fija la norma. Esas empresas deben reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que identifiquen.
Señales de alerta
El mismo análisis de Infolaft enumera señales de alerta que conviene tener presentes en una operación inmobiliaria:
- Pagos en efectivo o en activos virtuales sin claridad sobre el origen de los recursos.
- Estructuras de titularidad complejas que se usan para ocultar al beneficiario final.
- Socios o directivos que aparecen en listas restrictivas.
- Clientes con vínculos a jurisdicciones de alto riesgo.
- Personas expuestas políticamente (PEP) o sus allegados en la operación.
Una señal de alerta no significa que haya un delito. Significa que hay algo que revisar con más cuidado antes de seguir adelante.
Qué significa para inmobiliarias, corredores y constructoras
No todas las inmobiliarias o constructoras están obligadas a tener un SAGRILAFT, pero todas pueden verse expuestas si intermedian o compran un inmueble con un origen cuestionable. Además del riesgo legal, está el riesgo reputacional de quedar asociado a una operación de ese tipo.
La mayoría de procesos verifica a las partes actuales del negocio. Pero en un inmueble también importa su historia: quiénes fueron sus dueños anteriores y si alguno de ellos aparece hoy en listas restrictivas. Esa capa no siempre se revisa en un estudio de títulos tradicional.
Por eso, más allá de la obligación normativa, conviene que cada operación deje evidencia de qué se verificó, cuándo y con qué fuentes.
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